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Michoacán: 25 000 hombres de Autodefensa se niegan a desarmar

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MIGUEL ANGEL FERRER – El gobierno federal, en voz del secretario de Gobernación, afirma que es firme la decisión de desarmar a los grupos de autodefensa de Michoacán. Pero éstos le responden que no se desarmarán. Y sostienen que cuentan con 25 mil hombres armados. Y agregan que en caso de emergencia o necesidad esa cifra puede llegar a 140 mil.

Es claro que las palabras del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, son sólo retórica amenazante. O un exhorto. O una súplica. O el tendido de un puente en busca de una negociación. O, dicho más claramente, en busca de la cooptación de los líderes de las autodefensas. Bien se sabe que el priismo es experto en esos menesteres.

Pero sea retórica amenazante, exhorto, súplica o afanes de cooptación, lo cierto es que no parece tarea fácil desarmar a los grupos de autodefensa. Hace unos días ya hubo un esbozo de esa escasa facilidad. El Ejército lo intentó en la comunidad de Antúnez y el resultado neto fue la muerte, a manos de los soldados, de dos civiles miembros de los grupos de autodefensa. De modo que desarmar por la fuerza a 25 mil hombres (o incluso a muchos menos) costaría muchas vidas y mucha sangre.

Hasta ahora los grupos de autodefensa han dicho que no los animan afanes insurreccionales y que su lucha no es contra el Estado. Que sólo buscan proteger su patrimonio y a sus comunidades y familias del accionar de la delincuencia organizada y, muy concretamente, de la banda criminal llamada Los caballeros templarios (sin decir, por cierto, ni media palabra de otras bandas de criminales que operan en Michoacán).

Pero esa actitud no insurreccional puede cambiar fácilmente si tales grupos, tales comunidades y tales familias son víctimas de la represión castrense o policiaca o judicial o, hablando en plata, paramilitar. Conviene recordar que en esos tres tipos de represión el gobierno priista tiene antigua y sobrada experiencia.

En Chiapas, por ejemplo, desde hace 20 años se reprime a las comunidades zapatistas con ese trío de métodos, entre los que destaca ampliamente, como lo ilustra el caso de la matanza de Acteal, el paramilitarismo, es decir, fuerzas armadas irregulares al servicio del gobierno y de los terratenientes.

Vista así la situación, el problema se resolvería fácilmente deteniendo, procesando y encarcelando, extinguiendo o expulsando de Michoacán a las bandas criminales. Pero esto tampoco se ve sencillo. Deben ser miles los miembros de esas pandillas. Y deben contar sin duda con la protección, complicidad o sumisión de innumerables autoridades policiacas, judiciales, administrativas y militares.

¿Van esas autoridades corruptas a conspirar contra su fuente de ingresos (y de grandes ingresos)? Para éstas la delincuencia organizada no es el enemigo. Esas autoridades son parte esencial de esa delincuencia. Dicho sencillamente son los mismos.

Por su parte, los grupos de autodefensa pueden servir para impedir o limitar las acciones de la delincuencia organizada. No es lo mismo extorsionar a un ciudadano desarmado y solo, que a uno que cuenta con protección armada. Pero los grupos de autodefensa tampoco tienen capacidad para eliminar la delincuencia.

En consecuencia, los grupos de autodefensa son, finalmente, un problema para el Estado, es decir, para el gobierno de Peña Nieto. Un problema de difícil solución. Ni pueden tolerarlos ni pueden desarmarlos. La única salida es cooptarlos, que es lo que quiere hacer Osorio. Pero eso tampoco resuelve el problema de la delincuencia.

¿Qué puede hacer, entonces, el gobierno de Peña Nieto? Pues lo mismo que hicieron Vicente Fox y Felipe Calderón: hacer como que hacen, no hacer nada, hablar mucho y observar cómo poco a poco se pudre la sociedad michoacana.

Fuente: http://blogs.telesurtv.net/ie?clx=50

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