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Ex jefe de inteligencia de Colombia dirigía seguridad de Chevron en Ecuador

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ANDES – El Ministerio de Defensa y la Contraloría de Ecuador adelantan una investigación para determinar si existieron irregularidades en el contrato suscrito entre una empresa de las Fuerzas Armadas y la compañía estadounidense Texaco (Chevron) para la protección de sus funcionarios.

La investigación apunta a la empresa Sepriv, empresa de seguridad de propiedad del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) que mantenía un contrato de prestación de servicios con Chevron desde el 2004. Por este contrato, Chevron pagó a Sepriv 3,5 millones de dólares.

Chevron mantiene una campaña de desprestigio contra Ecuador tras el fallo de una corte de justicia nacional que sentenció a la transnacional a indemnizar a pobladores amazónicos por la contaminación atribuida a la empresa luego de su operación (entre 1964 y 1990).

El actual gerente de Sepriv es Óscar Paredes Múñoz, ex director del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), reveló el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, durante el informe semanal de la Presidencia.

Paredes se desempeñó como director del DAS entre abril de 1979 a noviembre de 1996. Todos los gerentes, a excepción de Paredes, eran militares retirados.

Los servicios de las Fuerzas Armadas de Ecuador estaban dirigidos al personal de abogados y funcionarios de Chevron relacionados a las diligencias dentro del juicio que pobladores amazónicos plantearon contra la empresa estadounidense.

El convenio obligaba a la División Amazonas del Ejército a destinar cinco militares armados para brindar vigilancia a los funcionarios de Chevron.

“Imagínense ustedes, dándole seguridad a la empresa transnacional que ataca al Ecuador, que dejó contaminación, esto es parte de la mano sucia de Chevron”, dijo Glas.

Derivado de este acuerdo, en 2005 se impidió una diligencia judicial para inspeccionar el pozo petrolero Guanta, solicitada por las comunidades, acción que favoreció a Texaco, según una investigación del Ejército.

Glas adelantó que el convenio podría tener vicios de ilegalidad y que la Contraloría General del Estado está realizando un examen especial a la V División Amazonas y la empresa Sepriv.

Informó que el Ministerio de Defensa dispuso también la finalización del proceso de liquidación de la Dirección de Industrias del Ejército, Holding DINE, y dos empresas vinculadas a este grupo hasta mediados de 2014.

Además se ha instruido del directorio del ISSFA para que esta institución no administre ninguna empresa sino que se dedique exclusivamente a la gestión del portafolio de acciones para sus inversiones.

“Denuncia me puede costar un tiro”

El 28 de octubre, el presidente Rafael Correa reveló la vinculación de Sepriv con Texaco-Chevron y advirtió que la denuncia le podía costar un tiro.

El 13 de octubre de 2003, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, se firmó el contrato de “Prestación de servicios de seguridad privada, alojamiento, alimentación y para la provisión de personal especializado de seguridad”.

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El acuerdo fue celebrado por el coronel retirado Mario Enrique Bonilla Silva, en su calidad de gerente general de Sepriv entre 2002 y 2004, y por Rodrigo Pérez Pallares, representante legal de Texaco Petroleum Company, quien también suscribió, en 1998, el acta final con la que se avaló la falsa remediación de Chevron-Texaco en la Amazonía ecuatoriana, liberándola de toda responsabilidad y futuras demandas del Estado.

El contrato estipula que Texpet, filial de Texaco en Ecuador, contrataría los servicios de seguridad y protección de los ejecutivos de la transnacional y que además Sepriv debía presentar informes de inteligencia semanalmente o cuando Chevron-Texaco lo requiriese.

Como parte de este contrato, en 2004 se suscribió un convenio de Cooperación Interinstitucional entre Texpet y la Cuarta División del Ejército “Amazonas”, representado por el exgeneral Gustavo Tapia en el cual se cedía territorio dentro de la Unidad Militar GFE-24-Rayo en Lago Agrio (Sucumbíos) para la construcción de una vivienda que facilitase el alojamiento de los ejecutivos de la empresa estadounidense, cuyo mantenimiento provendría de los fondos públicos asignados a la brigada.

Por esta razón, el presidente Correa pidió que el caso fuera investigado por la Contraloría General del Estado como posible delito de peculado, y manifestó: “Esto me puede ocasionar un tiro, ya estarán los conspiradores yendo a defender a las Fuerzas Armadas y al Issfa. Yo me juego la vida, pero no permitiré que sigan pasando estas cosas”.

 

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