El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, dio a conocer el viernes que, según un decreto presidencial que debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa, unos 1.900 prisioneros en el país serán indultados.

Cuatrocientos reclusos lo serán de manera inmediata y el resto en los próximos cuatro meses si cumplen con los requisitos legales, uno de los cuales es gestionar un breve procedimiento ante la judicatura. Tal procedimiento permitirá que los presos que reciban una sentencia se beneficien del indulto.

Esta medida se aplicará a personas detenidas por delitos menores, que hayan cumplido dos quintas partes de su condena, tengan edades entre 16 y 25 años y, especialmente, a mujeres con seis o más meses de embarazo.

La clemencia no se extiende a juzgados y condenados por crímenes graves, tales como narcotráfico, asesinato y robos con agravante.

Sin embargo, personas sentenciadas por narcotráfico, con penas menores a 10 años de cárcel, serán indultadas por haber cometido ese delito por primera vez o por llevar pequeñas cantidades de droga.

Por primera vez en su historia, Bolivia aprobó un Reglamento de Régimen Penitenciario para regular el funcionamiento de sus cárceles.

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