Ariel Rocha había sido llamado a declarar por la Fiscalía pero nunca se presentó a cumplir con la citación del Ministerio Público

El fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, ordenó este martes la aprehensión de Mario Ariel Rocha López, presidente del Tribunal de Justicia de Santa Cruz.

Ariel Rocha presentó una solicitud al pleno del Tribunal de Justicia de Santa Cruz para ausentarse de sus labores argumentando problemas de salud, sin embargo se sospecha que pudo haber huido de Bolivia. Motivo por el cual el Ministerio Público también pidió un informe a Migración para verificar si salió del país, informó Guerrero.

Ahora el magistrado es buscado por nexos con una banda de extorsionadores que cobraban dinero a cambio de fallos judiciales, de acuerdo con lo informado por el fiscal Guerrero.

“Se emitió una orden de aprehensión porque hay información en el marco de las investigaciones de que hubiera formado parte en cierta medida con algunos fiscales y jueces de esta red”, informó Guerrero en rueda de prensa.

La fiscalía allanó el domicilio de Rocha la víspera sin encontrarlo. La oficina de prensa de la Corte de Santa Cruz, 540 kilómetros al este de La Paz, informó a la AP que Rocha solicitó permiso desde el pasado lunes hasta el 31 de diciembre.

La “banda de extorsionadores” fue denunciada por el Ministro de Gobierno Carlos Romero hace tres semanas y estaba liderada por su ex asesor jurídico Fernando Rivera, actualmente detenido y encargado de impulsar bullados juicios en los que el Estado era querellante.

Diez personas están detenidas en un penal para ser investigadas entre ellos el ex jefe de fiscales de Santa Cruz, Isabelino Gómez y otra fiscal.

El caso salió a luz tras conocerse que el grupo exigió 50.000 dólares para concederle libertad al estadounidense Jacob Ostreicher acusado de supuesto lavado de dinero.

Ostreicher recobró el martes su libertad por orden judicial después de 18 meses de detención por sospechas de lavado de dinero y sin cargos penales hasta la fecha. El estadounidense podrá defenderse en libertad.

Desde que salió a luz su caso, más de 30 denuncias han llegado a las autoridades en contra de la banda, dijo Romero.

Ostreicher pasó la primera noche en su casa de Santa Cruz. “Siento como si estuviera en un sueño. Estoy viviendo cada segundo, así que es traumático para mí hacer planes y pensar en el futuro”, ha dicho a la AP por teléfono.

No podrá salir del país, y cada 15 días debe asistir a firmar un libro en los tribunales. El gobierno le asignó seguridad policial ante posibles ataques de personas a las que denunció. . El último mes estuvo una clínica.

De 53 años, Ostreicher llegó al país para invertir en agroindustria pero su socia adquirió terrenos de un narcotraficante extraditado a Brasil a finales de 2010, lo que lo puso en la lista de sospechosos. Funcionarios corruptos vendieron ilegalmente 18 toneladas de arroz, centenares de vacas y dispusieron de la maquinaria agrícola que las autoridades le incautaron temporalmente.

Ostreicher agradeció al actor y activista estadounidense Sean Penn por haberle ayudado a que sus denuncias llegaran hasta el presidente Evo Morales.

Espera que la justicia desestime iniciarle un juicio toda vez que en 18 meses la fiscalía no presentó cargos respaldado por evidencia en su contra, tras lo cual regresará a Nueva York con sus hijos y nietos.