RIA Novosti – Un juez en Argentina ordenó el embargo de todos los activos de Chevron en el país gaucho como medida para forzar a la compañía petrolera estadounidense a pagar una compensación por daños ambientales de 19.000 millones de dólares en Ecuador, informó el abogado de los demandantes ecuatorianos, Enrique Bruchou, citado por la prensa internacional. 

“En este momento hay en la calle oficiales auxiliares de la Justicia notificando múltiples embargos sobre Chevron Argentina”, dijo ayer el abogado.

Precisó que la decisión fue adoptada por el juez Adrián Elcuj Miranda, del fuero Civil de Buenos Aires, en virtud de una petición de la Justicia ecuatoriana bajo la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares.

La justicia argentina reconoció el embargo ordenado por la justicia ecuatoriana y lo aplicó a las acciones, los dividendos y el 40% de los depósitos bancarios y de los ingresos futuros que la compañía reciba por la venta de petróleo crudo.

Los demandantes, un grupo de indígenas y colonos de la Amazonía, buscan cobrar fuera del Ecuador los 19.000 millones de dólares, incluidos honorarios legales, que dos tribunales de ese país han ordenado a Chevron pagar por daños ambientales, puesto que en la nación andina la multinacional apenas tiene activos.

Los querellantes han pedido ya a cortes de Canadá y Brasil que ejecuten la sentencia dictada por la Justicia ecuatoriana en su territorio. Bruchou anticipó ayer que buscarán trabar otros embargos en Colombia, Asia, Oceanía y Europa.

Residentes de la selva amazónica sostienen que la empresa Texaco, que se convirtió en la propiedad de Chevron en 2001, durante la perforación en 1970-1980 vertió agua contaminada y no retiró residuos de aceite en la zona. Chevron rechazó las acusaciones y alega que realizó toda la limpieza necesaria.

En la actualidad Ecuador intenta que Chevron pague la multa a costa de sus activos en Estados Unidos o en otros países debido a que la empresa no tiene representación en el país andino. El litigio del caso se extiende por cerca de dos décadas en tribunales de ambos países.