PL – El jefe de la policía puertorriqueña, Héctor M. Pesquera, ha sido privilegiado por el gobierno con un contrato de un año que excede el cuarto de millón de dólares, lo que ha causado hoy sorpresa en distintos ámbitos, ya que esto se mantuvo oculto.

Pesquera, cuya designación estuvo matizada por controversias por haber sido jefe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el sur de la Florida -donde protegió las actividades de activistas anticubanos-, recibió un contrato de 283 mil 100 dólares que estará vigente por 364 días, lo que lo convierte en el funcionario mejor pagado del gobierno de Puerto Rico.

El salario del gobernador de Puerto Rico es de 70 mil dólares anuales, aunque dispone de otros beneficios que amplían este margen, como residencia oficial y servidumbre.

El asunto fue destapado por el diputado de oposición Luis Vega Ramos, del Partido Popular Democrático (PPD), quien denunció que Pesquera ni siquiera es empleado del gobierno de Puerto Rico, ya que “responde jerárquicamente al condado de Miami-Dade”.

El jugoso contrato de Pesquera, con una trayectoria de por vida vinculada al FBI, está desglosado en 144 mil 542.58 en salario; 34 mil 232.39 en beneficios marginales y reembolsos de hasta 118 mil 779.03 por gastos de viajes, comida y lavandería.

El secretario de la Gobernación, Miguel Romero, defendió la contratación de Pesquera y emplazó a Vega Ramos a que recurra a los tribunales si considera que hay alguna ilegalidad.

El gobierno puertorriqueño nunca reveló las condiciones en las que el oficial retirado del FBI accedió a venir a esta isla del Caribe, de la que es oriundo, a dirigir la desacreditada policía nacional, acusada de constantes violaciones a los derechos humanos y civiles mientras es incapaz de frenar la criminalidad.

Se indicó que el gobierno de Puerto Rico paga a Pesquera el salario y los beneficios que establece su acuerdo con el condado floridano de Miami-Dade.

Romero apuntó que gracias a esto, Pesquera pudo venir a Puerto Rico a ponerse al frente de la Policía en momentos en que el gobierno estaba bajo fuego por carecer de un plan para enfrentar la criminalidad, vinculada principalmente al narcotráfico.