Un comisionado militar y cuatro expatrulleros de Autodefensa Civil (exPAC) enfrentarán juicio por su presunta participación en la masacre de 256 pobladores de la comunidad Plan de Sánchez, Rabinal, Baja Verapaz, cometida en 1982, resolvió ayer la jueza primera de Alto Riesgo, Carol Patricia Flores, reporta Prensa Libre.

Los acusados son el comisionado Lucas Tecún y los exPAC Santos Rosales García, Eusebio Geleano y los hermanos Julián y Mario Acoj, quienes enfrentarán proceso penal por asesinato y contra deberes de humanidad contra 256 pobladores de Plan de Sánchez.

En el expediente del Ministerio Público (MP) se señala que el 18 de julio de 1982, efectivos del Ejército masacraron a sus víctimas después de violar a varias mujeres y torturar a otras.

“Muchos sobrevivientes fueron hostigados y se refugiaron en la montaña. Militares y patrulleros quemaron las casas y sembrados de los pobladores”, refiere la acusación presentada.

Manuel Vásquez, fiscal del caso, explicó que en el hecho fueron utilizados fusiles de asalto, y que luego de la masacre, los victimarios quemaron con gasolina los cadáveres, algunos tenían el tiro de gracia, lo cual —según él— demuestra que no hubo enfrentamiento.

“Algunos de los pobladores fueron quemados vivos”, agregó Vásquez.

Fueron guías

El MP determinó que los cinco acusados ayudaron, guiaron y brindaron información al Ejército acerca de la ubicación de la aldea para ejecutar su plan contrainsurgente, además de que habrían participado en la masacre.

De acuerdo con la entidad investigadora, la decisión de eliminar esa comunidad fue porque los exPAC proporcionaron información de que los pobladores colaboraban con grupos de guerrilleros que operaban en el sector, además de que se oponían a patrullar.

Sin embargo, se determinó que era población civil.

Según el expediente, ese día —18 de julio de 1982— hubo violaciones, torturas y otros vejámenes contra las víctimas, conforme lo estipulaba el plan Victoria 82, que tenía como objetivo aniquilar a la comunidad del lugar.

El fiscal Vásquez refiere que en este caso no solicitaron que los acusados fueran juzgados por genocidio, ya que había una mezcla de la etnia maya achí y grupos ladinos.

Entre los medios de prueba del MP se encuentran 47 declaraciones testimoniales de sobrevivientes, además de 158 medios documentales y peritajes, mediante los cuales lograron identificar a las víctimas —por medio de ADN—.

También hay informes militares que contienen la puesta en marcha del plan Victoria 82.

La masacre ocurrió durante el régimen de facto del general José Efraín Ríos Montt (1982-1983), y el proceso estuvo detenido durante varios años, debido a la amnistía de que gozaban los militares de la época.

Presentan demanda

En 1996, los sobrevivientes de ese hecho presentaron una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2004 ordenó compensar de forma monetaria, no monetaria y de manera simbólica a familiares de las víctimas.

El acoso del Ejército a la comunidad comenzó a principios de julio de 1982, cuando un helicóptero sobrevoló el área y disparó en las cercanías, relató María Lajuj, superviviente.

Juan Manuel Gerónimo, otro afectado, expresó: “Creo que es justo decir que fue una violación a los derechos humanos o, mejor dicho, un genocidio”.

La madrugada del 18 de julio de 1982, el Ejército lanzó bombas contra Plan de Sánchez, desde el destacamento instalado en el campo de Rabinal.

Como era día de mercado, varias personas viajaban a la cabecera municipal. Las explosiones las alertaron, por lo que se refugiaron en barrancos; sin embargo, los soldados regresaron por la tarde y las ejecutaron.

La defensa de los sindicados alegó que no se debía acusar a sus clientes por las 256 víctimas, ya que el MP solo presentó documentación de 88 osamentas, lo cual provocó polémica en la audiencia.