El general asesino Oscar Mejía Víctores.

TERCERA INFORMACION – Autoridades guatemáltecas tienen órdenes de captura para el golpista Oscar Mejía Víctores y Luis Enrique Mendoza, acusados de crímenes de lesa humanidad durante un periodo del conflicto armado interno en esta nación (1960-1996).

A Mejía Víctores le imputan ese delito cuando fungía como ministro de la Defensa antes de dar un golpe de Estado en 1983, tras el cual fue presidente de la República hasta 1986, en tanto el exgeneral Mendoza fue vicetitular de aquella cartera en la época.

Hace varios días el Ministerio Público y la policía realizan allanamientos de viviendas en esta capital en busca de ambos sin poder encontrarlos, por lo cual ya tienen la categoría de prófugos pues un juez dictó la orden formal de aprehensión.

Ante esa situación, organizaciones de derechos humanos y de sobrevivientes de la guerra demandaron ante los órganos de justicia acciones rápidas y eficaces para dar con el paradero de los exmilitares y arrestarlos.

La captura de los señalados es un paso importante para la justicia del país, representa la lucha por la dignidad de la humanidad, afirma un comunicado de varias agrupaciones dedicadas a esclarecer los hechos.

Expresan preocupación porque la fuga de los implicados puede haber sido facilitada por funcionarios del sistema judicial.

Mejía Víctores pasó a dirigir los destinos de esta nación cuando derrocó a otro general golpista, Efraín Ríos Montt, ahora líder del partido Frente Republicano Guatemalteco, a quien le achacan desmanes similares durante su mandato.

Por su parte, Mendoza fue director de la sección de operaciones denominada G3, donde se elaboraron planes para el exterminio de las poblaciones en aldeas y caseríos.

La acusación contra ellos incluye la planificación y ejecución de proyectos castrenses conocidos como de tierra arrasada contra las comunidades indígenas, a las cuales señalaban como base de apoyo de la guerrilla en el conflicto armado.

Durante la guerra en esta nación perdieron la vida unas 250 mil personas, de ellas alrededor de 45 mil detenidas y posteriormente desaparecidas, cuya inmensa mayoría fue producto de acciones genocidas del Ejército, los paramilitares y las fuerzas policiales.