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El Salvador aplicó 7 planes contra la violencia urbana y todos fracasaron

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EL TELEGRAFO – Ahora el presidente del país centroamericano propone que la Asamblea Legislativa estudie el problema. El ministro de justicia y seguridad pública pide un voto de confianza a un nuevo proyecto.
Con un registro diario de 23 muertos El Salvador enfrenta un nuevo repunte de la violencia que ha llevado al Gobierno a preparar un nuevo paquete de medidas para reforzar la seguridad. Pese a lo alentador que se escucha la propuesta, desde 2009 se han implementado 7 planes y ninguno ha tenido éxito. La violencia que vive este país es generada —en su mayor parte— por las pandillas que tienen aproximadamente 75 mil miembros.
La evolución de este fenómeno crece desde 1992, tras la deportación de los primeros miembros de las dos agrupaciones principales; los Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, originadas en las calles de Los Ángeles (Estados Unidos). El presidente, Salvador Sánchez Cerén, propone que la Asamblea Legislativa estudie las 14 nuevas propuestas de seguridad mientras que el ministro de justicia y seguridad pública, Manuel Melgar, pide a la ciudadanía un voto de confianza al proyecto. Hasta el 15 de marzo de este año la policía registra 1.715 víctimas de la violencia.
En el primer trimestre de 2015 se contabilizaron 1.433 casos mientras que en 2014 solamente 920, lo que implica que el problema se agudiza. La Tregua que generó caos En 2012 el gobierno creó la Subdirección Antipandillas. En ese entonces los Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 pactaron una tregua de no agresión entre esos grupos ilegales, pero tras su fracaso y escándalos que involucraron a exfuncionarios en febrero de este año se disolvió.
En agosto, el fiscal general de El Salvador, Luis Antonio Martínez, declaró que 12 funcionarios estaban siendo investigados por las “treguas” de 2012, que cambió el estatus de máxima seguridad a seguridad regular a 30 cabecillas de pandillas. La lista incluye a ministros y a funcionarios de otros niveles del gobierno del actual presidente Salvador Sánchez y de la administración de su sucesor Mauricio Funes. Por su parte el exmandatrio indicó al portal La Página que “nunca el gobierno negoció algún beneficio al margen de la ley; la tregua logró una reducción sensible de hechos criminales y no se liberó a ningún pandillero encarcelado ni se dejó de capturar a ningún delincuente.
En cambio, la negociación directa entre dirigentes y funcionarios del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) con cabecillas de pandillas, obtuvo más votos para sus candidatos y las pandillas obtuvieron presumiblemente apoyo económico para llevar a cabo el trabajo encomendado que no podemos dejar de destacar”. Carlos Ponce, criminólogo y articulista de El Diario de Hoy sostiene que las estrategias impulsadas no solo por el actual gobierno sino por el anterior no eran sostenibles en el tiempo porque nunca le pusieron paro a la escalada de violencia que se ha profundizado en los últimos años.
“Eran medidas para darle respuesta a problemas coyunturales de seguridad”. Estas citas fueron contrastadas por Jorge (nombre protegido), un salvadoreño que tras 3 años de investigaciones y de anotaciones escribió la crónica ‘Diario de un periodista en una colonia dominada por las pandillas’. Esta publicación, que hizo el diario El Salvador en cuatro entregas, narra cómo viven miles, tal vez millones, de salvadoreños en territorios controlados por criminales pandilleros.
En una entrevista con EL TELÉGRAFO, el comunicador acota que la idea nació en agosto de 2012, meses después de que el gobierno diera beneficios a miembros de pandillas encarcelados. “La colonia donde yo vivía era tranquila, no había muchos problemas, pero después de esa “tregua” la Mara Salvatrucha se llegó a posesionar de la colonia y allí comenzó el suplicio”.
A la par, el periodista llevó un registro de los hechos más importantes que involucraban a pandilleros, vecinos de la colonia y la policía o el ejército. En menos de 2 años el comunicador vio morir a gente inocente, y cerrar pequeños negocios para no seguir pagando extorsiones en especie. Esta es la principal fuente de ingresos de las pandillas. Las bandas criminales cobran un “impuesto” a los comerciantes y a los transportistas que funcionan en el territorio que “dominan”. La Asociación de Transportistas de El Salvador estima que en 2014 pagaron $ 30 millones a los pandilleros.
También extorsionan mediante llamadas desde la cárcel en que piden una cantidad de dinero a cambio de protección; instituciones, como colegios privados, también les pagan a las pandillas para garantizar su seguridad. ¿Quiénes se benefician? En una indagación de Gustavo Arias para la Nación se explica que con este conflicto los que más se benefician son las empresas de seguridad privada y los comerciantes de armas. Es más, existen grupos informales que han vivido de la violencia desde la guerra de los ochenta, como escuadrones informales de vigilancia. Asimismo explica que las pandillas crean una cortina de humo para sus actividades.
La preocupación central de las autoridades es la violencia callejera de los grupos delictivos, no el crimen organizado internacional. Los políticos que toman como bandera la “mano dura” contra los pandilleros son otros beneficiarios ya que con su mensaje que tiene mucho impacto electoral en El Salvador llegan al pueblo. Repuesta rápida El vicepresidente Oscar Ortiz anunció la creación de otro grupo de “respuesta rápida” para combatir a las pandillas que suplanten las funciones de la Subdirección Antipandillas.
Esta unidad estaría conformada por mil agentes, su misión será actuar con prioridad en la zona rural del país. Las pandillas se mueven a esas áreas y dada la poca presencia del gobierno llegan y controlan territorio con facilidad. El periodista Gustavo Arias destaca que el objetivo fundamental de estos grupos es el control territorial y el manejo de los mercados ilegales con la intención de generar recursos y pretenden estar preparados para desafiar al Estado mediante la confrontación violenta.
El proyecto de las nuevas medidas extraordinarias del gobierno salvadoreño emplearía a 12 mil soldados que reforzarán los planes de seguridad en las zonas más afectadas. Las nuevas propuestas tendrán un costo de cerca de $ 67,5 millones, de los cuales $ 15 millones dependen de la aprobación de un préstamo, $ 21,5 millones de cooperación internacional y el resto, menos de la mitad, saldrá de recursos propios del Estado. En este cálculo no está incluido el costo que tendrá el plan secreto de centros penales, porque el monto también es restringido.

2 Comentarios

  1. Mientras no comprendan que están ante una guerra civil, promovida por los Estados Unidos, al igual que las del Medio Oriente con el Estado Islámico y las demás organizaciones terroristas, no resolverán el problema. Está comenzando en Venezuela, con las guarimbas y los asesinatos. Es el lenguaje del Imperio, el único que entiende: muerte. Y con muerte tendrán que enfrentrarla, y creando a la vez condiciones para que no se reproduzcan las maras, lo más rápidamente posible.

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