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Fuertes críticas a las empresas de comunicación y a la Sociedad Interamericana de Prensa

Rafael CorreaCaracas (AVN) – Con fuertes cuestionamientos a los medios privados de comunicación y a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cierra esta semana, luego de las declaraciones del presidente de Ecuador Rafael Correa, del portavoz del gobierno de Bolivia Iván Canelas y con la realización en Argentina de la Asamblea Mundial de Radios Comunitarias (Amarc).

Durante el Foro Internacional de Partidos Políticos Latinoamericanos (FIPPL) que se desarrolla en Quito, el mandatario ecuatoriano alertó el viernes a los delegados presentes que en América Latina “las empresas de comunicación están tomando la posta de la derecha en decadencia”. Correa explicó que el triunfó de fuerzas progresistas a través de elecciones “es ganar solo una parte del poder, ya que los poderes económicos, religiosos, sociales, informativos y hasta las injerencias internacionales siguen ahí”.

El desempeño de los medios privados en Ecuador quedó en evidencia el pasado 30 de septiembre, cuando un grupo de policías intentó dar un golpe de Estado y mantuvieron secuestrado por más de diez horas al Jefe de Estado. Durante esa jornada, canales de televisión y diarios del país suramericano redujeron el hecho a un simple reclamo salarial de los uniformados y, posteriormente, fueron denunciados por conocer los planes desestabilizadores con anticipación.

Al ser declarado el estado de excepción en Ecuador, debido a la situación crítica que se vivía, la SIP criticó la medida porque los medios del país tuvieron que enlazar con la televisión estatal. Sin detenerse en que la medida dictada en medio de un intento de golpe de Estado está amparada en la Constitución, el presidente de la entidad, Alejandro Aguirre, lamentó la decisión implementada porque permite la “restricción para que los medios electrónicos puedan operar en forma libre, tal como requieren situaciones de máxima alerta en la que la población merece una cobertura amplia independiente y plural de los hechos”. Director del diario Las Américas, con sede en Miami, el titular de la SIP calificó los planes desestabilizadores contra el gobierno de Correa como una simple “situación de convulsión”.

Creada en 1943 y copada en 1950 por agentes del Departamento de Estado norteamericano y la CIA, la Sociedad Interamericana de Prensa reúne a los más grandes medios privados a nivel internacional. Desde hace años, mantiene un ataque constante contra los gobiernos de América Latina que atraviesan procesos de cambio, denunciando una supuesta falta de libertad de expresión. Investigaciones revelaron que la SIP tuvo un papel fundamental en la guerra psicológica contra el gobierno del presidente chileno Salvador Allende, derrocado por un golpe de Estado en 1973.

Países como Venezuela, Argentina y Bolivia, donde se actualizaron las leyes regulatorias de los medios, son los blancos principales de la entidad de empresarios mediáticos. La SIP no tiene moral para hablar de libertad de expresión Con la aprobación en Bolivia de la denominada Ley Atirracista, el gobierno del presidente Evo Morales inició una transformación que era reclamada desde hacía décadas por los sectores más humildes.

En una nación donde la mayoría de los pobladores son indígenas, y con sectores de la derecha que históricamente estuvieron ligados al nazismo, sobre todo en la provincia de Santa Cruz, la norma dictada y discutida por un amplio abanico de movimientos sociales, estudiantes y campesinos trajo aparejada las críticas de la SIP. En la ley se estipula sancionar con multas o suspensiones a los medios que incurran en discursos y actitudes racistas o xenófobas. Con el argumento de que la norma lleva a la “autocensura” en un país donde los grandes medios son privados, la SIP también llamó al presidente Morales a “abstenerse de seguir promulgando leyes que coartan la libertad de expresión”.

El portavoz del gobierno, Iván Canelas, expresó ayer que la SIP es la principal organización empresarial que censura y viola la libertad de expresión de los periodistas y trabajadores. “Los dueños de los medios de comunicación escritos son los que más denuncias tienen por impedir la libre opinión y expresión de los periodistas”, afirmó. Canelas indicó que esos antecedentes se pueden encontrar en los colegios y federaciones de periodistas de todo el continente. Manifestó a su vez que la SIP “no tiene moral para hablar de libertad de expresión” debido a su historial.

Canelas denunció que los propietarios de grandes medios bolivianos “en la mayoría de los casos no cumplen con el pago de un salario digno”, ni tampoco la cobertura de seguros médicos. Al respecto de la demanda de la SIP para que el gobierno de Morales no apruebe leyes que supuestamente afectan la libertad de expresión, el funcionario afirmó que la actitud empresarial es una muestra de injerencia, además de mostrar un completo desconocimiento de las recomendaciones de organismos internacionales para la lucha frontal contra el racismo.

Un coro de voces denuncian a la SIP

Con un matriz idéntica que en Bolivia, y que años atrás utilizó en Venezuela, la SIP también arremetió contra el gobierno argentino que propuso una nueva ley de medios. Discutida en diversos ámbitos de la sociedad, aprobada por las Cámaras de Diputados y Senadores, la norma dictada en Argentina se logró luego de más de veinte años de reclamos por parte de medios comunitarios y organizaciones sociales.

La vieja ley, decretada por la dictadura militar (1976-1983), permitió la “liberación” de los medios y que las grandes empresas periodísticas, principalmente el grupo Clarín, tejieran una red monopólica que abarca televisión, radio, diarios, revistas, sitios de internet y señales de televisión por cable. Con la nueva normativa ahora se comenzará a democratizar el espacio mediático y se buscará que medios comunitarios y alternativos dejen de ser considerados ilegales.

En marzo de este año, la asamblea semestral de la SIP que deliberó en Aruba, le exigió al Ejecutivo que “cese” con las actitudes de “hostilidad y violencia” contra la prensa del país. Aunque desde el gobierno se investigó y denunció el negociado entre el grupo Clarín con la dictadura militar para apropiarse de forma irregular de la empresa Papel Prensa, desde la entidad se llamó a que se “ponga fin al plan sistemático de hostigamiento” contra los dueños de esa compañía. En el marco de la Asamblea Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) que se realiza en Argentina, el Relator de Libertad de Expresión y Opinión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue, rechazó las críticas de la SIP y la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) contra las medidas aplicadas por el gobierno. Calificó de retrógrados este tipo de planteamientos y advirtió que esas agrupaciones “sólo buscan mantener su status quo”.

La Rue negó que una regulación por parte del Estado argentino a la actividad implique algún tipo de “lesión” al funcionamiento de las radios comerciales. En el mismo foro, el especialista Martín Becerra coincidió al remarcar lo “anacrónico” del discurso de la SIP y la AIR.

Por su parte, el vicepresidente de la agencia de noticias Télam y presidente del Consejo Mundial de Agencias (CMA), Sergio Fernández Novoa, manifestó que la SIP se ocupó de “ocultar todo lo que tenía que ver con el genocidio” durante la dictadura militar.

En tanto, el domingo pasado la SIP reiteró sus ataques contra gobiernos progresistas de la región, pero obvió mencionar el anunciado cierre del histórico diario chileno La Nación, que tiene 93 años de vida y donde el 70% de sus acciones son del Estado. El presidente del matutino, Daniel Platovsky, confirmó que a partir de diciembre dejará de editarse la edición papel y sólo se sostendrá la digital, medida que provocará el despido de aproximadamente el 70% de los periodistas. Aunque los sindicatos y colegios de periodistas de Chile denunciaron el cierre de La Nación, la SIP mantuvo el camino del silencio o la tergiversación, donde los periodistas asesinados por el régimen de Honduras o el golpe de Estado contra Manuel Zelaya no cuentan entre sus ideales.

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