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Colombia: “Gobierno debe reconocer la magnitud del paramilitarismo”

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ANNCOL – El director de Indepaz asegura que hay unas 14 bandas con presencia en, por lo menos, 14 departamentos. Fuerza Pública debe repensar su estrategia para enfrentarlas tras el acuerdo de paz con las Farc.

A lo largo de los diálogos de paz entre la guerrilla y el Gobierno en La Habana, Cuba, las Farc han puesto sobre la mesa -no pocas veces- la discusión sobre el fenómeno del paramilitarismo en Colombia. El último en referirse al tema fue precisamente uno de los plenipotenciarios de la guerrilla en Cuba, Pablo Catatumbo, quien aseguró que para que se dé una transformación de las Farc en una organización política legal con garantías de seguridad suficientes es necesario el esclarecimiento del paramilitarismo.

“Constituye un altísimo riesgo dar fin al conflicto armado con la insurgencia mientras aún subsisten, crecen y permanecen grupos paramilitares”, señaló recientemente Catatumbo.

El fenómeno no es menor y estudios e investigaciones sobre el tema dan cuenta de una consolidación de organizaciones narcoparamilitares en varias zonas del país.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), por ejemplo, existen por lo menos 17 estructuras de este tipo que delinquen y tienen presencia en más de 20 departamentos del país. Camilo González Posso, director del Instituto, asegura que aunque la problemática no va a desaparecer de la noche a la mañana, el Gobierno puede desde ya iniciar estrategias para combatir dichas organizaciones de cara al posconflicto. Una labor en la que la reconfiguración del papel de la Fuerza Pública será fundamental.

Las Farc han insistido varias veces en que para que se dé la firma de un acuerdo final el Gobierno debe primero dar solución al tema del fenómeno del paramilitarismo que, aseguran, se ha incrementado en el país. ¿Ve viable que se dé ese paso antes del 23 de marzo?

Estas organizaciones, que nosotros llamamos narcoparamilitares, no van a desaparecer por un decreto o por una decisión de la mesa de negociaciones o del Gobierno, pero sí se pueden tomar medidas inmediatas y, sobre todo, definir planes de acción que muestren una decisión y una posibilidad real de contener, neutralizar y desarticular esos grupos. Creo que eso es del interés de todas las partes. Lo importante es ponerlo en letra menuda, es decir, no quedarse solo en señalar el problema y ya, sino en decir cómo hacer las cosas, en qué tiempos y con qué instrumentos.

¿Cuáles serían las medidas que se podrían empezar a tomar desde ya?

Es un tema que tiene múltiples determinaciones, no es una ecuación lineal, por eso hay que abordarlo desde muchos ángulos. Por ejemplo, el Gobierno podría tomar de inmediato una iniciativa de sometimiento a la justicia. Sobre eso ya se han explorado caminos en el pasado en Colombia y en el mundo frente a grandes organizaciones criminales. Incluso negociaciones para el sometimiento a la justicia de grupos que son calificados de delincuencia común, no es necesario darles ningún estatus especial. Eso forma parte de la discusión: un inicio de conversaciones inmediatas y establecimiento de condiciones, eso por lo menos con las tres más grandes agrupaciones que han sido identificadas por el Estado. Un segundo capítulo es una acción mucho más efectiva desde el punto de vista represivo, de la acción de la Policía y bloques de búsqueda combinados en puntos críticos. Están identificadas las rutas, los puertos, las zonas de laboratorios y en eso tiene que haber una acción más decidida.

Y en ese contexto, ¿cuál debe ser el papel de la Fuerza Pública?

Debe reestructurarse la acción de la Fuerza Pública frente a estos grupos, se ha demostrado que una simple acción de Policía es insuficiente e ineficaz. Tiene que haber una acción interagencial, interinstitucional, con unos componentes muy fuertes y con una rotación de personal, porque lo propio de estos grupos es que permean las estructuras del Estado, establecen líneas de corrupción y complicidades con elementos de la Fuerza Pública. Entonces si no hay ahí una estrategia muy clara de romper esas complicidades, pues eso se va a reproducir.

¿Repensar el papel de la Policía y las Fuerzas Militares de cara al posconflicto?

Si estamos hablando de un escenario posacuerdo hay que tener en cuenta que habrán cambiado las condiciones de conflictividad militar en Colombia. Va a seguir un enfrentamiento con el Eln, pero será una confrontación de baja intensidad, porque si uno ve las cifras de los últimos 10 años, el Eln representa más o menos el 10% de la conflictividad violenta. Y eso sin tener en cuenta otro aspecto: si se firma el acuerdo con las Farc y comienzan las conversaciones con el Eln, se crea un nuevo escenario en el que los problemas de delincuencia organizada, de grandes grupos narcoparamilitares o lo carteles de la droga, seguirán siendo un riesgo y una amenaza. Pero la respuesta ya no será la misma de la política antiinsurgente, entonces tiene que haber un replanteamiento. Los riesgos serán distintos, las prioridades diferentes y los instrumentos también serán distintos. Entonces es inevitable una reorganización de las Fuerzas Armadas. Otra cosa es que eso no se vaya a discutir en La Habana.

¿Cuál sería entonces la estrategia para atacar militarmente la problemática de dichos grupos?

Tienen que evaluar por qué ha sido ineficaz la estrategia que han usado, porque el gran peligro –pensando de aquí a ocho años- es la mexicanización de la conflictividad de las mafias en Colombia. Si no se ataca bien el tema del narcotráfico y de todas estas bandas, van a volver a reestructurar sus redes y harán toda una acción para copar los territorios y establecer una relación más directa con carteles internacionales y rutas que van hacia Europa.

¿Pero no debería hacerse primero un proceso de identificación de dichas estructuras para saber en dónde y cómo operan?

Creo que eso ya está identificado, incluso en uno de los estudios que nosotros hemos hecho tenemos identificadas zonas de presencia de alta intensidad en las que han estado de manera continua durante los últimos ocho años. Son más o menos 175 municipios que hemos catalogado de mayor riesgo y recurrencia, y en donde debe haber una mayor atención. Hay una segunda categoría de municipios -los de media intensidad- donde ha habido una presencia más ocasional, que son alrededor de 70. No se trata de algo inabarcable y hay puntos estratégicos: puertos y rutas, muchos de los cuales coinciden con los del narcotráfico. Estos datos los tiene la Policía e incluso más completos. Estas zonas tienen que ser objeto de programas sociales especiales.

¿En qué zonas del país están ubicados la mayoría de esos municipios que ustedes califican de alto riesgo?

En la costa nariñense, la zona de Putumayo en la frontera con Nariño, en el Bajo Cauca, Guaviare y Catatumbo, en esas regiones se podrían iniciar programas especiales con la población. Por ejemplo, en la zona del Magdalena Medio, lo que son los 10 municipios de Bolívar o la parte de Antioquia, se puede hacer un gran programa con minería de oro, acompañado de una política de neutralización completa de la maquinaria pesada de la minería ilegal. Están las soluciones, se han pensado, hay estrategias para cada uno de los temas.

Uno de los mayores retos que plantea la lucha contra esas organizaciones es la relación que tienen con poderes locales en zonas en donde el Estado no tiene mucha presencia…

Lo primero que hay que reconocer es que el fenómeno del narcoparamilitarismo tiene componentes armados, militares, económicos y políticos. Es una telaraña que funciona de forma articulada, pero el elemento central de su funcionamiento es el control de palancas del Estado, la penetración en los gobiernos locales, la apropiación del Estado. Hemos identificado municipios críticos en los cuales hay relación entre parapolíticos que se han reencauchado. Por eso tiene que haber una política muy precisa: por un lado, una depuración y una acción muy efectiva con las Fuerzas Armadas en los territorios, y por otro, una política frente a los gobiernos que están siendo cooptados, que son infiltrados. Esta gente tiene bases en los territorios, en los municipios y financia campañas políticas. Se calcula que en las elecciones que acaban de pasar se movieron $2 billones para compra de votos en efectivo. Las elecciones estuvieron permeadas en muchas regiones de Colombia, de modo que la corrupción política es una variable que tiene que ser atacada.

¿Cuál sería el primer paso que tendría que dar el Gobierno en el camino para dar solución a la problemática?

Lo que creo que hay que hacer es poner en común una lectura del fenómeno, el Gobierno debe reconocer cuál es la magnitud del asunto. Y el Gobierno tiene estudios sobre el tema. Según los datos oficiales de la Policía, para el año 2014 el número de integrantes de estos grupos, que están presentes en 15 departamentos, era de 3.410 efectivos. Son datos oficiales y reconocen solamente tres estructuras. La Fiscalía, para la misma fecha, identifica otras 11 estructuras adicionales, más pequeñas. Es decir, que desde agencias del Estado se han identificado 14 de estas estructuras que no son simplemente banditas criminales, sino que son herederos de todas estas formaciones narcoparamilitares. De esa cifra de efectivos, 3.410, sólo los reconocen en 15 departamentos. Nosotros hemos identificado el fenómeno en 24 departamentos, quiere decir que perfectamente la cifra actual de efectivos de esas organizaciones -armados, sin contar la parte logística- está por encima de los 5.000. No es una cifra exagerada. Si se tienen identificados los territorios, las salidas, el tipo de negocios que hacen, pero lo primero que hay que hacer una lectura común y establecer una estrategia multifactorial no una cosa lineal.

¿Habría que empezar entonces por establecer si son bacrim o paramilitares?

El Gobierno insiste en que hay que mantener una calificación como bacrim, y yo en esto soy de la línea de que no importa cómo se les denomine con tal de que se les combata. Producen daño y no solamente hacen negocios ilícitos, sino que someten a la población a unas dictaduras territoriales. Es gente armada que impone su ley. Si el Gobierno quiere llamarlos así, pues que lo haga, pero que haga un diagnóstico común para poder definir líneas de estrategias.

¿Es posible que estos primeros pasos se den antes de la firma del acuerdo final con las Farc?

Pienso que sí. Se pueden lograr los lineamientos de un plan integral de respuesta al fenómeno del narcoparamilitarismo, bacrim y sus alianzas. Hay que mirar la dimensión económica, de lazos institucionales y la dimensión política. No se va a solucionar de la noche a la mañana, pero se puede dar un movimiento en esa dirección y escoger una serie de territorios especiales para una acción de urgencia. Eso no se va a acabar en un año, no estamos diciendo plan de choque para que cuando se haga la implementación de los acuerdos se haya acabado el narcotráfico, la corrupción, el paramilitarismo y las mafias, pero sí hay que identificar que este problema requiere medidas excepcionales.

¿El Estado está preparado para hacer ese tipo de intervenciones?

Creo que tiene los instrumentos y las piezas están lo que pasa es que hay que colocarlas en el tablero.

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